Caracas (EFE).- Las delegaciones del Gobierno de Colombia y de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) cerraron este lunes el cuarto ciclo de negociaciones de paz en Caracas, con la aprobación de acciones humanitarias para dos “zonas de crisis” en las que la población atraviesa una “grave afectación” por el conflicto.

En una declaración conjunta, las partes indicaron que producirán “acciones humanitarias”, sin especificar cuáles, “que impulsen el cese al fuego bilateral, nacional y temporal, promuevan la participación de las comunidades, pueblos y demás fuerzas sociales, económicas y políticas en estos territorios”.

Asimismo, con este pacto, que incluyen acciones en el plano humanitario, el Ejecutivo de Gustavo Petro y la guerrilla buscan “llevar a cabo proyectos de desarrollo social (…) para su implementación en los próximos meses”.

Las zonas escogidas fueron Bajo Calima y San Juan, localidades del departamento de Valle del Cauca, así como Sur de Bolívar (Bolívar) y Bajo Cauca (Antioquia), territorio en el que se registraron acciones violentas en las últimas semanas, pese al cese al fuego bilateral pactado, el cual entró en vigor el pasado 3 de agosto y se extenderá hasta febrero de 2024.

Las partes podrán definir nuevas “zonas humanitarias”, en caso de ser necesarias, luego de analizar las circunstancias que atraviesen estos territorios.

El foco en los más afectador por el conflicto

El senador Iván Cepeda, uno de los negociadores del Ejecutivo, había adelantado que en estas zonas se pondrán en práctica asuntos ya acordados como “la participación de la sociedad en la construcción de la paz” y el cese de hostilidades, el más largo pactado entre las partes.

Explicó que con este acuerdo se busca que en estos espacios haya una intervención “muy activa” de las comunidades y de empresarios, en algo que han llamado “la participación social y la construcción del gran acuerdo nacional”.

Las partes han cerrado esta cuarta ronda una semana después de que el ELN liberara a un soldado de 21 años de edad secuestrado el 20 de agosto en una zona rural del departamento colombiano de Arauca (este), fronterizo con Venezuela, acusado por la guerrilla de haber violado el cese al fuego bilateral.

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